Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: Las demandantes, cuyos despidos fueron declarados improcedentes, reclaman al Estado, dada la insolvencia de la empresa, por los salarios de tramitación que excedieron los noventa días. Pretende el Estado que el período de estado de alarma no debe ser computado a efectos de dichos salarios alegando la suspensión de plazos procesales y administrativos o, subsidiariamente, ser eximiado por una situación de fuerza mayor. Tanto el juzgado como la Sala desestiman su pretensión, mencionando como precente otra resolución d ela Sala para un supuesto idéntico. En el caso que nos ocupa, la sentencia fue dictada el 13 de marzo de 2020 por lo que aefctó el estado de alarma a los plazos de notificación. Pero de ello no se deriva la exención de responsabilidad de la Administración demandada pues no pudiendo incluirse la misma entre los casos legales de exclusión, tampoco puede eficazmente acudirse a la fuerza mayor que, al excluir la imputación de responsabilidad de las partes concernidas por la misma, habilita su configuración en los términos previstos por el legislador; debiendo recordarse lo dispuesto en el artículo 1105 CC según el cual " Fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley , y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables" Se mantiene el criterio de Sala y se confirma la sentencia condenatoria de instancia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, del Consejo de Ministros y de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, de reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor
Resumen: FINNAIR PLC. Despido. Existencia de buena fe en la negociación del despido colectivo.
